Colectivos harán encuentro alternativo de afectados por mineras transnacionales

• A modo de protesta por la llegada de la Reunión Internacional de Minería
• El diálogo será el 18 de junio en Economía BUAZ

Al considerar que la próxima Reunión Internacional de Minería pretende presentar una visión favorable de la actividad extractiva sin reconocer sus consecuencias sociales, ambientales y laborales, el Frente Social por la Soberanía Popular y la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social anunciaron la realización de un encuentro nacional alternativo que reunirá a comunidades afectadas, trabajadores y académicos de diversas entidades del país.

Durante una conferencia de prensa, Efraín Arteaga Domínguez dio lectura al posicionamiento, en el que cuestionó la forma en que el Gobierno de Zacatecas ha promovido la Reunión Internacional de Minería, programada del 24 al 26 de junio en la capital del estado.

El dirigente sostuvo que las autoridades estatales han anunciado el evento como una oportunidad para consolidar a Zacatecas como referente nacional e internacional en minería responsable, innovación tecnológica y desarrollo sostenible, sin realizar un análisis crítico sobre los efectos que esta industria ha tenido históricamente en la entidad.

Arteaga Domínguez señaló que para las organizaciones sociales resulta preocupante que la actividad minera sea presentada como motivo de celebración cuando, afirmó, persisten conflictos laborales, desplazamientos de comunidades y afectaciones ambientales vinculadas con la explotación de recursos minerales.

En el documento leído ante los medios de comunicación, recordó que Zacatecas ha sido históricamente una de las principales regiones mineras del país y sostuvo que, desde la época colonial, la extracción de minerales ha estado acompañada por procesos de saqueo de la riqueza natural sin que ello se haya traducido en bienestar para la mayoría de la población.

“El grito popular de ‘Zacatecas minero y el pueblo sin dinero’ resume la contradicción que vive nuestro estado”, expresó durante la lectura del posicionamiento.

Como parte de los argumentos expuestos, el representante del Frente Social hizo referencia a la huelga de la mina San Martín, ubicada en el municipio de Sombrerete, conflicto laboral que el próximo 30 de julio cumplirá 19 años sin resolverse. Señaló que, pese a las resoluciones emitidas por tribunales laborales en favor de los trabajadores sindicalizados, hasta ahora no existe una solución definitiva al conflicto.

Asimismo, mencionó el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, donde afirmó, la actividad minera transformó radicalmente las condiciones de vida de la población. También citó la situación de La Colorada, comunidad que, según las organizaciones, enfrentó graves afectaciones derivadas de proyectos extractivos desarrollados en la región.

De igual forma, denunció que diversas empresas mineras han sido señaladas por comunidades y organizaciones sociales por presuntos daños ambientales relacionados con la explotación de mantos acuíferos y la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas.

Según el posicionamiento, estas problemáticas se repiten en distintos municipios con vocación minera y, a juicio de los convocantes, muchas veces se desarrollan en un contexto de impunidad favorecido por la falta de vigilancia efectiva de las autoridades competentes.

Otro de los temas centrales abordados durante la conferencia fue la situación de la llamada Nueva Ley de Minería, publicada en mayo de 2023. Se reconoció que la legislación incorporó avances importantes respecto al marco jurídico anterior, particularmente en aspectos relacionados con la regulación de la actividad extractiva y la protección de los derechos de las comunidades.

Sin embargo, sostuvo que la aplicación de la norma enfrenta obstáculos que han impedido su implementación integral.

No obstante, Arteaga Domínguez afirmó que el principal problema radica en que el Ejecutivo Federal no ha emitido el reglamento correspondiente a la nueva legislación minera, pese a que el decreto establecía un plazo de 180 días para hacerlo.

Recordó que el pasado 8 de mayo se cumplieron tres años desde la publicación de la ley sin que dicho reglamento haya sido expedido, situación que, señaló, limita su aplicación efectiva.

Explicó que esta omisión ha generado una anomalía jurídica, ya que diversos aspectos de la nueva legislación continúan operando bajo reglamentos elaborados durante la vigencia del marco normativo anterior, el cual fue diseñado bajo criterios distintos a los contemplados en la reforma de 2023.

Por ello, las organizaciones insistieron en la necesidad de que la nueva legislación pueda aplicarse plenamente y de que se garantice la participación de las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con proyectos extractivos.

Como respuesta a la realización de la Reunión Internacional de Minería, el Frente Social por la Soberanía Popular, la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social, la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y la Colectiva García Molinari convocaron al Encuentro Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería”, que se desarrollará el próximo 18 de junio a partir de las nueve de la mañana en las instalaciones de la Unidad Académica de Economía de la BUAZ.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro se extenderá durante toda la jornada y contará con mesas de análisis y discusión en las que participarán representantes de comunidades afectadas por megaproyectos mineros, trabajadores del sector, especialistas universitarios y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la conferencia se informó que ya se confirmó la asistencia de delegaciones provenientes de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Sonora y Baja California Sur, entre otros. 

También participarán investigadores y especialistas de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes abordarán distintos aspectos relacionados con los impactos económicos, sociales y ambientales de la minería en México.

 

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