Consideraciones de los Empresarios Gasolineros sobre la Iniciativa de Ley de Economía Digital

Fuente: Onexpo / Comunicado

23 de Septiembre de 2026

Antecedentes

• El Ejecutivo Federal presentó ante la cámara de diputados y se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos el 8 de septiembre de 2026 (22 artículos y 5 transitorios). Sigue pendiente en comisiones; no es derecho vigente.

• La iniciativa no ordena hoy que las gasolineras dejen de aceptar efectivo. Su artículo 13, sin embargo, crea el mecanismo para que después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine "sectores estratégicos y actividades relevantes" donde el pago digital sea la única forma de pago aceptada. La ley no nombra expresamente a las estaciones de servicio, pero tampoco las excluye, y contempla una excepción por "contingencia" cuya definición reglamentaria aún no existe. En otras palabras: la ley crearía la facultad; qué sectores, con qué criterios, en qué plazos y bajo qué sanciones quedaría para regulación posterior de la SHCP.

Consideraciones

• Los empresarios gasolineros de estaciones de servicio respaldan la modernización y digitalización de los pagos y reconocen sus beneficios en seguridad, eficiencia, trazabilidad e inclusión financiera. No se oponen al cambio; piden que se construya con diálogo, gradualidad, incentivos al consumidor y garantías de continuidad del suministro.

• La posición central del sector puede resumirse en una idea: la decisión sobre el medio de pago corresponde al consumidor, no a la estación. Por eso la transición debe ganarse por conveniencia para el usuario —mejores precios, recompensas, facilidad— y no imponerse como una obligación regulatoria que traslada al contribuyente (la estación de servicio) el riesgo y la sanción por una decisión de pago que no controla.

• El combustible es un insumo indispensable para la movilidad y la actividad económica del país: ningún automovilista debería quedar imposibilitado de abastecerse por una falla tecnológica ajena a él o a la estación.

Riesgos identificados para las estaciones de servicio

Regulatorio: La SHCP podría incluir a las estaciones de servicio entre los "sectores estratégicos" sin que la propia ley fije criterios, plazos ni régimen sancionador —eso quedaría para regulación posterior.

Operativo: Dependencia de terminales, conectividad (internet y respaldo), energía eléctrica, bancos adquirentes y sistemas de despacho; una falla en cualquiera de estos eslabones puede paralizar la venta.

Financiero: Comisiones bancarias, tiempos de dispersión, contracargos y fraude con tarjetas, que hoy no existen en una operación de contado.

Punto crítico: la iniciativa contempla una excepción por "contingencia" (falla de terminal, internet, red celular, energía o sistema bancario) que permitiría aceptar efectivo temporalmente, pero aún no define reglamentariamente qué constituye una contingencia ni cómo se acredita —será uno de los artículos más relevantes para el sector.

Principios que propone el sector para una transición responsable.

• Incentivar al consumidor, no obligar al establecimiento. La transición avanza más rápido con ventajas concretas para quien paga (recompensas, menores costos) que con sanciones a quien vende, considerando información de la ABM hay más de 25 millones de personas que no están incorporados a la banca (19% de la población)

• Gradualidad regional basada en infraestructura real. Empezar donde ya hay conectividad y avanzar hacia carreteras y zonas rurales conforme se garantice la tecnología necesaria; sin fecha única nacional.

• Continuidad de suministro garantizada. Un mecanismo de contingencia claro —incluido el efectivo cuando sea necesario— para que ninguna falla tecnológica ajena a la estación deje a un automovilista sin poder cargar combustible.

• Infraestructura tecnológica resiliente. Redes con redundancia de operadores y protocolos de contingencia, particularmente en carreteras y zonas de baja cobertura.

• Inclusión financiera real. Cuentas simplificadas, instrumentos prepagados y otros medios para quien no tiene cuenta bancaria, sin que eso se traduzca en una barrera de acceso al combustible.

• Costos que no se trasladen al precio. Mantener —y hacer permanente— un esquema de comisiones que tiendan a cero, para que la digitalización no encarezca el litro.

• Neutralidad tecnológica: no solo tarjetas. El sector no busca que la transición favorezca de forma exclusiva el pago con tarjeta. Debe impulsarse en igualdad de condiciones el uso de CoDi, Dimo y otras plataformas del Banco de México, que —según el propio Banxico— no generan costos adicionales para el usuario ni para el comercio, ponen los recursos disponibles de forma inmediata y no están sujetas a contracargos.

• Certeza en la liquidación y protección ante fraude. Reglas claras de tiempos de pago, contracargos y responsabilidades, para que el combustible ya entregado nunca sea una pérdida del permisionario.

• Seguridad y protección de datos del consumidor. Estándares altos de ciberseguridad y mecanismos ágiles para resolver cargos duplicados o no reconocidos.

• Capacitación y acompañamiento en el punto de despacho, especialmente para adultos mayores y personas poco familiarizadas con herramientas digitales.

• Reglas claras de responsabilidad ante fallas de terceros. Si el banco emisor, la red de telecomunicaciones, la adquirente o el procesador fallan, la estación de servicio no debe quedar jurídicamente en incumplimiento ni sujeta a sanción. La regulación debe distinguir con precisión la responsabilidad de cada actor —consumidor, estación, banco emisor, adquirente, procesador, telecomunicaciones— y establecer expresamente que una falla ajena a la estación no genera responsabilidad ni sanción para ella.

• Evidencia antes que fechas, con indicadores concretos. El sector propone que la SHCP fije indicadores medibles y verificables antes de avanzar a cada nueva etapa de la transición: cobertura mínima de telecomunicaciones (internet fijo y señal celular) por región, porcentaje de transacciones ya realizadas por medios digitales, penetración de cuentas bancarias entre los consumidores de cada zona, disponibilidad real de terminales de pago, y tasa de fallas del ecosistema de pagos (bancos, adquirentes, procesadores, telecomunicaciones).

CONCLUSIONES

Los empresarios gasolineros de estaciones de servicio reiteran su disposición a participar activa y constructivamente en el diseño de esta política pública, aportando la experiencia de un sector que atiende a diario a millones de consumidores en todo el territorio nacional.

El reto no es únicamente reducir el uso del efectivo, sino construir un sistema de pagos que funcione para todos, en todas las regiones del país. La digitalización será sostenible si genera beneficios reales para el consumidor, garantiza la continuidad del servicio y no transfiere a las estaciones de servicio costos, riesgos u obligaciones que corresponden a otros participantes del ecosistema de pagos —la banca, los procesadores y las telecomunicaciones.