Fuente: El Economista / Por: Karol García Zubía
09 de Junio de 2026

La terminal Amigo GNL es un proyecto conjunto entre la empresa del mismo nombre constituida en México, filial de LNG Alliance de Singapur, y la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas de la Secretaría de Marina.
Un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por las organizaciones Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19 que denunciaron irregularidades en el proceso de consulta pública del proyecto Amigo GNL, ordenando a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental hasta que se resuelva el fondo del juicio y se emita una resolución final.
Apenas en febrero pasado, el Gobierno federal anunció que se reanudaría la puesta en marcha de la terminal de exportación de gas natural licuado Amigo GNL que, desde el puerto de Guaymas, en Sonora, enviaría el hidrocarburo proveniente de Estados Unidos a Asia.
La terminal estará ubicada en Bahía Catalina, puerto de Guaymas, y recibiría el gas del sistema Naco-Hermosillo, que se encuentra en proceso de ampliación para arrancar en 2027, informó la Secretaría de Energía luego de la visita al sitio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La terminal Amigo GNL es un proyecto conjunto entre la empresa del mismo nombre constituida en México, filial de LNG Alliance de Singapur, y la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas de la Secretaría de Marina.
La inversión asciende a unos 6,300 millones de dólares en 36 años, según se informó en el evento de presentación, monto que redituará al gobierno federal en impuestos acumulados por arriba de los 68,000 millones de pesos -cerca de 4,000 millones de dólares al tipo de cambio actual- en los próximos 20 años.
La terminal contaría con una capacidad de almacenamiento de 1 millón 300,000 metros cúbicos de gas natural licuado para garantizar la seguridad energética del país, lo que según se informó durante el anuncio del nuevo proyecto elevaría el almacenamiento estratégico de 3 a 5 días.
Sin embargo, la medida cautelar reconoce que existen elementos suficientes para evitar que la autorización sea emitida mientras se analizan las violaciones reclamadas, relacionadas con la falta de acceso a información ambiental completa y accesible, así como con las condiciones en que se desarrolló el proceso de consulta pública del proyecto.
"Esta decisión representa un avance importante para la protección de los derechos de acceso reconocidos por la Constitución mexicana y por el Acuerdo de Escazú, particularmente en casos donde proyectos de gran escala pueden generar impactos ambientales significativos e irreversibles sobre ecosistemas esenciales y comunidades locales", explicaron los organismos que lograron el amparo.
Su operación implicaría la circulación constante de buques metaneros, dragados, emisiones contaminantes, ruido submarino, riesgo de colisiones con fauna marina y la introducción de actividad industrial intensiva en el Golfo de California, una de las regiones marinas más biodiversas del planeta, afectando una zona de altísima relevancia ecosistémica que debería ser declarada hábitat crítico por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguraron.
Durante la consulta pública convocada por la ASEA, en marzo pasado, más de 4,800 personas enviaron observaciones y comentarios técnicos solicitando que el proyecto no fuera autorizado. Las participaciones ciudadanas señalaron deficiencias sustantivas en la Manifestación de Impacto Ambiental, omisiones sobre los impactos acumulativos del proyecto y riesgos para especies marinas, particularmente cetáceos que utilizan el Golfo de California como corredor migratorio, zona de alimentación y reproducción.
Esta suspensión ocurre en un contexto en el que algunas autoridades, como el gobierno de Sonora y dependencias del sector energético, han respaldado el desarrollo de infraestructura vinculada a la exportación de gas natural licuado en la región, posicionando a Amigo GNL como una inversión estratégica para Sonora y para el país, aún sin contar con permisos ambientales completos.
Por: Karol García Zubía
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