Fuente: La Jornada Zacatecas / Por: NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA
03 de Julio de 2026

En el marco de la Cumbre Minera de Zacatecas y de otros foros similares, he planteado una pregunta ineludible: cuando hablamos de prosperidad en la minería, ¿de qué y para quién estamos hablando realmente? En principio, consideremos que la riqueza generada por las y los trabajadores mineros nace del esfuerzo, sacrificio y gran trabajo de tantas mujeres y hombres que a diario descienden a la mina, operan maquinaria, mantienen procesos industriales riesgosos para su salud e integridad, con la finalidad de producir los minerales que sostienen buena parte del crecimiento industrial y la economía contemporánea. Aun así, la prosperidad no siempre llega, o no de modo equitativo, a quienes la hacen posible: esa es la contradicción en la que debemos incidir.
La minería atraviesa una nueva etapa de creciente competencia internacional por los llamados minerales críticos o tierras raras, indispensables para la fabricación de baterías, comunicación y la conducción de vehículos eléctricos, teléfonos celulares, computadoras, turbinas eólicas, paneles solares, sistemas de defensa y prácticamente toda la infraestructura tecnológica que definirá el siglo XXI. La transición energética y la revolución digital dependen, en buena medida, de estos recursos estratégicos. De ahí que Estados Unidos y otros países hayan intensificado su estrategia para asegurar y apropiarse del suministro de estos minerales mediante nuevos conflictos y acuerdos internacionales, además del fortalecimiento de cadenas de suministro con países aliados. La disputa por estos recursos ya forma parte de la geopolítica contemporánea.
Esa carrera global nos obliga a hacer otra pregunta: ¿qué tipo de desarrollo queremos construir? Sería un grave error repetir un modelo donde el éxito se mida únicamente por las toneladas extraídas o por el valor de las inversiones anunciadas. La prosperidad verdadera no puede reducirse a los indicadores financieros de una empresa: una minería moderna debe entender que el desarrollo también se mide por la calidad del empleo, el respeto a las leyes y los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la relación responsable con las comunidades donde se realiza la actividad extractiva.
La experiencia latinoamericana ofrece lecciones que no podemos ignorar. En Bolivia, por ejemplo, organizaciones indígenas y especialistas han advertido que la búsqueda de minerales críticos podría profundizar presiones sobre territorios originarios de la Amazonia y otras regiones de enorme riqueza ambiental. Las preocupaciones incluyen la deforestación, la alteración de fuentes de agua y la afectación de formas de vida que existen desde hace siglos. La transición energética del mundo no puede construirse sacrificando los derechos humanos, ni la flora y la fauna de los pueblos que históricamente han protegido esos territorios.
Por eso insisto en que la prosperidad también debe entenderse como desarrollo y sostenibilidad. No hablamos únicamente de cuánto dinero produce una mina, sino del futuro que deja después de décadas de operación. Una comunidad con agua contaminada, un ecosistema devastado o trabajadores cuyos derechos fueron ignorados jamás podrán considerarse signos de progreso, aunque los balances financieros sean positivos. No considerar estos factores es un indicador de una perspectiva que no piensa en clave comunitaria o compartida, sino individualista: lo importante es la ganancia, al costo que sea, sin importar el bienestar o progreso social.
Así, el principio de sostenibilidad debe aplicarse al analizar las decisiones empresariales. Hace apenas unas semanas, Fresnillo Plc, subsidiaria de Industrias Peñoles, concretó la adquisición de la empresa canadiense Probe Gold por más de 555 millones de dólares, para fortalecer su estrategia de expansión internacional. Sin embargo, es inevitable contrastar esa realidad con los argumentos que escuchan las y los trabajadores cuando reclaman y demandan mejores condiciones laborales, un reparto justo de las utilidades que les han negado y el pleno respeto de sus derechos. Si existen recursos para expandirse y adquirir nuevos proyectos mineros en el extranjero, también debe existir voluntad para garantizar que la prosperidad alcance a quienes generan esa riqueza todos los días. De otro modo, las relaciones que tejen el mundo del trabajo se vuelven injustas y, por tanto, insostenibles. Por ningún motivo las autoridades deben avalar conductas de esta naturaleza.
De tal suerte que no se trata de oponerse a la inversión. México necesita una minería fuerte, moderna, competitiva y con capacidad para responder a la demanda mundial de minerales estratégicos. Para lograrlo, se necesitan empresas que comprendan que el éxito económico y la justicia laboral no son objetivos incompatibles; son condiciones que deben avanzar juntas: ahí radica la importancia del sindicalismo democrático y auténtico. Cuando un sindicato defiende salarios dignos, condiciones seguras de trabajo, participación justa en la riqueza generada y respeto a las comunidades, está fortaleciendo la legitimidad social y la permanencia de toda la industria minera.
La minería del futuro no puede limitarse a producir más minerales; debe producir también mayor justicia, mayor responsabilidad ambiental y mayor dignidad para las personas. Esa es la prosperidad que vale la pena construir: una prosperidad compartida, sostenible y profundamente humanista, donde el progreso tecnológico del mundo camine de la mano con el bienestar de quienes hacen posible esa transformación.
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